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domingo, 8 de mayo de 2011

SIN IDENTIDAD ZULMA FLORES EN LA PUERTA DE SU CASA JUNTO A SUS HIJOS.

Estiman que en Argentina hay medio millón de indocumentados


VIVIR SIN IDENTIDAD: historia de los que no figuran en ningún registro

Domingo 25 de Abril de 2010 Salta Jimena Granados, El Tribuno
SIN IDENTIDAD ZULMA FLORES EN LA PUERTA DE SU CASA JUNTO A SUS HIJOS.

Zulma Flores tuvo que mentir para conseguir un lugar donde aprender a leer. También ocultó parte de su verdad para que sus hijos estudiaran. Con 30 años, está desocupada y no recibe ayuda del Estado porque nunca accedió al DNI. Forma parte del universo paralelo de personas excluidas del trabajo, la educación o la salud porque no existen para los organismos oficiales.

“Dije que mis papeles estaban en trámite para que me aceptaran en un bachillerato de adultos. Tampoco pude anotar a mis chicos y hasta hace poco no tenían documentos. Inventaba excusas para inscribirlos en la escuela”, contó a El Tribuno.
Zulma se enteró hace poco de que nació en Bolivia. Una familia la trajo a Salta cerca de los cinco años. Cuando era chica, le decían que era de “un pueblo de la provincia”.
Pidió ir al colegio pero le respondieron que no podía porque había llegado sin ningún papel. De grande, nunca tuvo recursos para viajar a Bolivia y obtener una identificación.

“No puedo pedir remedios en una salita. No me dan ninguna ayuda del Gobierno, ni siquiera un bolsón de mercadería. Para todo necesito un documento”, dijo Zulma.

No tener papeles complica el acceso a la educación o la salud, aún cerca del centro de la ciudad.

En abril del año pasado, su hijo de tres años y su pareja se ahogaron en el río Arenales luego de que el niño cayera accidentalmente y el padre intentara rescatarlo.

Después de la tragedia consiguió que les dieran el DNI a sus otros tres chicos por un programa nacional de documentación infantil.

Pero llegar a su identificación requiere una gestión judicial que quedó en un callejón sin salida cuando le comunicaron que debía depositar 300 pesos en un banco.

Su situación, relata, también dejó a la familia afuera de la asignación universal por hijo. “Limpiaba en una empresa pero hace dos semanas me dijeron que no puedo seguir. Era lo último que tenía”, dice.


Cuando la muerte de su pareja salió en los medios, un hermano que no conocía la contactó y le entregó un certificado de su nacimiento en Bolivia, pero el papel no le sirve en el país.

En la casa donde creció, debía ocuparse de las tareas domésticas y hubo poco tiempo para las explicaciones. Sin embargo, cree que no la maltrataron. Con Zulma vino a Salta su hermana mayor, que hoy vive con ella y tampoco tiene DNI.



Sin rastros

En Ceferino, a unas 25 cuadras de la plaza 9 de Julio, Zulma Flores vive la historia de las personas que no existen para el Estado.



En el país habría medio millón de indocumentados según estimaciones del Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas.



En Salta no se encuentra ningún cálculo sobre la población sin DNI que queda afuera de las políticas públicas. La distancia, la falta de conocimiento o la pobreza son señalados como algunos factores que determinan esta realidad.



Con la implementación de la asignación universal de 180 pesos por hijo, se hizo evidente la situación de miles de chicos que no tenían documentos para que les dieran el beneficio.

“El problema más grande es la falta de partidas de nacimiento”, indicó Mercedes Junco, quien coordina la entrega del aporte en la provincia.



Sólo desde febrero de 2009, se detectó a 7.000 chicos de hasta 12 años no registrados en la provincia. Estos niños recibieron su DNI después de un decreto nacional que simplificó los trámites.

El plazo legal para anotar a un bebé es de 40 días. Los que llegaron a adultos sin DNI, como Zulma Flores, tienen que gestionarlo en el Poder Judicial y conseguir los recursos o la información que quizás no tuvieron sus familias para inscribirlos cuando nacieron.

“Es necesaria una amnistía”

El subsecretario de Pueblos Originarios, Enrique Rojo, señaló que debería darse una amnistía para que los adultos sin documento de identidad puedan obtenerlo rápidamente en los parajes alejados.

“La gente de las comunidades aborígenes no puede viajar a hacer los trámites por falta de recursos”, dijo. Según indicó, el problema es mayor en lugares como Rivadavia Banda Norte y Rivadavia Banda Sur.

“Estamos gestionando que un camión de la Dirección Nacional de Registro Civil recorra los poblados para dar el primer documento o la renovación”, sostuvo Rojo.

El funcionario manifestó: “En las ciudades, cuando nace un bebé lo anotan a los pocos días pero los padres de las comunidades no pueden hacerlo”.

La obligación de la escuela

Miguel Gutiérrez, director de Primaria de la Provincia, aseguró que se debe “garantizar el derecho a la educación independientemente de la documentación”.

Según describió, las escuelas tienen que recibir a los chicos sin DNI “tomando como edad la declarada por los padres y requiriendo que se regularice la situación”.

“En el aula abordan con los niños contenidos vinculados a su derecho a la identidad y la nacionalidad. Además, se hace saber a los padres sobre las dificultades de no contar con documentos y se los orienta para obtenerlos”, declaró.

“Indocumentados: la deuda invisible”

En nuestro país hay cerca de medio millón de indocumentados, es decir, personas que no fueron anotadas al nacer. Por ende, carecen de una partida de nacimiento y un DNI.
La posesión de un documento que certifica la identidad de una persona es un derecho, al que se accede luego de un trámite en las oficinas del Registro Nacional de Personas existentes en cada localidad del país.

Esta certificación le permite a cada individuo ser reconocido por el Estado y adquirir una identidad que lo acompañará a lo largo de su vida.

Los indocumentados son invisibles para las estadísticas oficiales. Ellos no podrán acceder a una educación plena ya que cursarán la escuela sin la posibilidad de obtener el certificado final de estudios, por lo cual no podrán llegar al secundario.


Tampoco pueden recibir las becas de estudio, entre otros beneficios. En salud, sólo tienen atención en casos de urgencias ya que en los hospitales no les abren fichas médicas para ningún tipo de tratamiento.

Para los indocumentados entrados en la juventud, el empleo sólo puede darse en trabajos mal remunerados sin cobertura social de ningún tipo.

Tampoco podrán votar ni ser votados o acceder al crédito, no sólo bancario, sino al de las casas de electrodomésticos u otro tipo de comercios.

Sus vidas están condenadas a la informalidad y la precariedad. Cuando una persona nace sus padres tienen hasta 40 días para anotarlo. Pasado ese tiempo la inscripción está fuera del plazo legal y allí comienza el peregrinar de los indocumentados.

Ahora bien ¿por qué existen los indocumentados? Se trata de un problema estructural que no tiene una sola explicación, pero el denominador común es la pobreza y la marginalidad.

Los indocumentados son los hijos de la expulsión del mercado laboral de millones de argentinos en los últimos treinta años.

Ante esta situación, el Estado ha brindado diversos incentivos para alentar la inscripción de las niñas o niños indocumentados en la última década, incluso se promulgó el decreto 90/09, que elevo a los 12 años la edad para la inscripción fuera de término en el Registro Civil con la presencia de dos testigos que acrediten su identidad. Este decreto tiene plazo de dos años corridos. Aún así, las cifras de indocumentados no disminuyen.

¿El motivo? Faltan políticas públicas que tomen la iniciativa de inscribir a los niños sin DNI, en particular en los municipios, aprovechando la legislación nacional al respecto y garantizando a niñas y niños indocumentados su identidad.

No es tan complejo realizarlo, bastaría con hacer primero un relevamiento en las escuelas para luego organizar junto a sus padres los requisitos para presentarlos en los registros civiles correspondientes. Similares acciones pueden llevarse a cabo con las madres que buscan inscribir a sus hijos en la asignación universal.

Las organizaciones sociales pueden contribuir, y mucho, capacitando a sus miembros sobre cómo actuar en estos casos, en particular con los niños mayores de 12 años que aún deben iniciar un juicio de inscripción en la Justicia.

Pero ese es otro cantar. Por lo pronto debemos hacernos cargo que los indocumentados son la gran deuda social que corroe el piso mínimo de dignidad que una sociedad puede tolerar.